La Vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Dolores Gorostiaga, ha afirmado en Madrid que Cantabria "seguirá apoyando" a quienes dentro del ámbito familiar cuidan a personas en situación de dependencia, ya que, en estos momentos, son una "figura fundamental" para el desarrollo de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

Gorostiaga ha apoyado el acuerdo para la mejora de la calidad en las prestaciones de cuidados en el entorno familiar aprobada por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, presidido por la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jimenez.

La Vicepresidenta regional ha recordado que, en estos momentos, en Cantabria existen 7.400 cuidadores no profesionales, en su gran mayoría mujeres, que tienen reconocida una prestación económica para hacerse cargo del cuidado de familiares mayores y en situación de dependencia.

Ante la demanda de varias comunidades autonómas, gobernadas por el Partido Popular, para reducir este tipo de prestaciones en el conjunto de la Ley, Gorostiaga ha defendido que las personas cuidadoras familiares son, hoy por hoy, "figuras muy relevantes en la sociedad de Cantabria" y, por tanto, son y deben ser "figuras muy relevantes en el Sistema Público de Atención a la Dependencia".

La Vicepresidenta del Gobierno considera "injusto" excluir del sistema público que ampara la Ley a un sector de población que, en Cantabria, ha dicho, es muy numeroso, y que, durante años y años, se han hecho cargo personalmente del cuidado de sus familiares mayores o dependientes, "sin ninguna contraprestación económica y sin reconocimiento legal" por parte de la Administración.

Gorostiaga ha dicho que la Ley de Dependencia "no se puede desarrollar de espaldas a la sociedad". Al contrario, ha dicho, debe reconocer los usos de cada sociedad para avanzar en la configuración de un verdadero sistema público de calidad. La Vicepresidenta ha defendido que no se puede obviar que, en nuestra sociedad, "la familia, casi siempre hijas, mujeres y nueras, han sido las responsables de atender y cuidar" a las personas en situación de dependencia. "Tenemos el deber de reconocer ese papel", ha dicho Gorostiaga, empleando para ello los recursos que pone a nuestra disposición la Ley de Dependencia.

Gorostiaga considera "fuera de lugar" que se trate de hacer ver que las prestaciones en el entorno familiar suponen la paralización del desarrollo de infraestructuras públicas y privadas concertadas para la atención a personas mayores y en situación de dependencia. Por el contrario, ha defendido que "Cantabria es buen ejemplo de que ambas figuras son perfectamente compatibles".

En estos momentos, en la Comunidad Autónoma, de las 12.000 prestaciones efectivas dentro de la Ley de Dependencia, 7.400 son prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar. Paralelamente, Cantabria ha incrementado notablemente el número de plazas públicas y concertadas en residencias de mayores y centros de día. En 2003, había tan sólo 2.600 plazas y, en estos momentos, existen casi 6.000, que a finales de este año serán más de 6.300 plazas.

Garantizar la mayor calidad

Por todo ello, Gorostiaga ha apoyado la propuesta del Ministerio para establecer unos criterios comunes para garantizar la mayor calidad en la prestación económica para cuidados en el entorno familiar.

Se trata de propuesta de mínimos a partir de la cual cada Autonomía tiene capacidad de gestionar sus recursos en función de las necesidades y las demandas de las personas en situación de dependencia. En Cantabria, ha insistido Gorostiaga, la demanda requiere personas cuidadoras familiares y el Gobierno regional, ha dicho, "seguirá apoyando esta figura".

La Vicepresidenta considera fundamental que, ante la solicitud de este tipo de prestación, se realice una valoración previa de la adecuación tanto de la persona que presta cuidados como de las condiciones de la vivienda habitual donde se van a realizar dichos cuidados, para que ninguna de estas dos circunstancias supongan una mengua en el derecho a la atención ya una vida digna de la persona en situación de dependencia.

Quienes cuidan a aquellas personas dependientes que reciben la atención del sistema público, reciben una prestación económica y reciben incluso el alta en el sistema general de la Seguridad Social.

Este reconocimiento pionero en España, que establece la Ley de Dependencia, se refuerza ahora con la aprobación de estos criterios para la mejora de la calidad de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, compartidos por el Estado y las Comunidades Autónomas.