El mainstreaming de género es un proceso estratégico y permanente en la práctica cotidiana de las políticas públicas cuyo fin es el logro de la igualdad real de género.

El Consejo de Europa define este proceso como “la (re) organización, la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos, de modo que la perspectiva de igualdad de género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores normalmente involucrados en la adopción de medidas políticas”. Es decir, el mainstreaming de género conlleva la incorporación de la perspectiva de igualdad de género en todas las fases de gestión de las políticas públicas, en todos los niveles de la administración y en todas las áreas temáticas. Supone por tanto, una adecuación y mejora de la cultura institucional y de la forma de interpretar y resolver los problemas.

De este modo se evoluciona desde una concepción de las políticas para la igualdad de género que concentrándose en un área o departamento específico de “mujer”, se dirigen especialmente a las mujeres bajo la forma de políticas de igualdad de oportunidades y acción positiva; a un modelo que partiendo de considerar que las políticas no son neutras al género, buscando incorporar la perspectiva de igualdad de género en todas las áreas y niveles políticos. 

El impulso de un proceso de tal dimensión y complejidad requiere de la orientación, coordinación y el liderazgo del organismo responsable en materia de igualdad de género, en tanto instancia que, con el paso del tiempo, ha ido acumulando conocimientos y habilidades sobre la igualdad de género. Dado el carácter integrador del proceso, se precisa de la colaboración, cooperación y responsabilidad compartida entre todos los actores que intervienen en la gestión política. Si bien se trata de un proceso que debe instaurase de arriba hacia abajo, es necesario asumir que las cuestiones de género son de todos y todas, por lo que todas y todos los involucrados desde los diferentes niveles político administrativos, se tienen que responsabilizar de este proceso. Se abre igualmente la oportunidad y se establece la necesidad de contemplar la apertura de nuevos canales de comunicación y de la participación de la academia y la sociedad civil, entendiendo que mujeres y hombres deben asumir un rol protagónico en este proceso de cambio y no reducir su vinculación como meras personas beneficiarias.

El planteamiento de esta estrategia innovadora se sitúa en la IV Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing (1995). Como en las anteriores Conferencias, en este espacio se formularon recomendaciones para mejorar la situación de las mujeres y, por tanto, mejorar las condiciones de las diversas sociedades. En Beijing se renovó el compromiso de la comunidad internacional para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, y se invitó a los gobiernos y a los demás agentes a “integrar la perspectiva de género en todas las políticas y los programas para analizar sus consecuencias en mujeres y hombres respectivamente, antes de tomar decisiones”. La nueva estrategia fue denominada “gender mainstreaming”.

Tanto a nivel europeo como estatal, existe un importante compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres y el mainstreaming de género. Así, la igualdad entre mujeres y hombres se considera un principio horizontal en todas las políticas y actuaciones desarrolladas por la Unión Europea (UE) y los estados miembros.

A nivel estatal, partiendo de una tradición constitucional que aboga por la igualdad, la legislación vigente apunta que el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres impregnará, con carácter transversal, la actuación de todos los poderes públicos, y señala que las administraciones públicas lo integrarán de forma activa en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición de las políticas públicas y en el desarrollo del conjunto de sus actividades (Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, marzo 2007).

La asunción del mainstreaming de género por parte de los gobiernos supone tener en cuenta en su trabajo cotidiano cómo las relaciones de género operan en la sociedad. Esto implica un aporte al proceso de modernización y mejora de calidad de la gestión política, al mismo tiempo que implica una mayor eficiencia y efectividad de las políticas públicas y sus impactos, traduciéndose en una mejora en la calidad y condiciones de vida de todas las personas y en un desarrollo económico y social sostenible para la región. De este modo se avanza en la construcción de una sociedad más justa, equilibrada y democrática donde mujeres y hombres tengan una participación y valoración equilibrada en todos los espacios y esferas de la vida.